Introducción
La protección de los datos personales dejó de ser una materia exclusiva del área de tecnología. Hoy representa un desafío transversal para las organizaciones, ya que involucra aspectos legales, operativos, tecnológicos y de gobierno corporativo.
Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.719, que moderniza la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, las organizaciones deberán adoptar un enfoque mucho más proactivo respecto del tratamiento de los datos personales.
Más allá de las obligaciones específicas que incorpora esta normativa, existe un elemento fundamental que orienta toda su aplicación: los principios que rigen el tratamiento de datos personales.
Estos principios no solo establecen cómo deben tratarse los datos, sino que también sirven como guía para diseñar procesos, políticas y controles que permitan a las organizaciones demostrar un cumplimiento efectivo.
A continuación, revisamos cada uno de ellos.
1. Licitud y lealtad
Todo tratamiento de datos personales debe realizarse conforme a la ley y respetando los derechos de las personas.
Esto significa que las organizaciones deben actuar de manera transparente y contar siempre con una base jurídica que justifique el tratamiento de los datos.
En otras palabras, recopilar información personal nunca puede convertirse en una práctica arbitraria.
2. Finalidad
Los datos personales solo pueden utilizarse para el propósito específico para el cual fueron recopilados.
Si posteriormente la organización desea utilizar esa información para un objetivo distinto, deberá verificar que exista una nueva base de licitud que permita dicho tratamiento.
Este principio busca evitar que los datos sean utilizados para finalidades incompatibles con aquellas informadas originalmente.
3. Proporcionalidad
No toda la información disponible debe ser solicitada.
Las organizaciones deben recopilar únicamente los datos estrictamente necesarios para cumplir la finalidad del tratamiento.
Aplicar este principio permite reducir riesgos, disminuir la exposición frente a incidentes de seguridad y fortalecer la confianza de los titulares de los datos.
4. Calidad
La información personal debe mantenerse exacta, completa, pertinente y actualizada.
Trabajar con datos incorrectos o desactualizados no solo afecta la calidad de las decisiones organizacionales, sino que también puede representar un incumplimiento de la normativa.
La calidad de la información forma parte de una adecuada gestión de datos.
5. Responsabilidad
Uno de los cambios más relevantes que incorpora la Ley 21.719 es el principio de responsabilidad.
Ya no basta con cumplir la normativa.
Las organizaciones deben ser capaces de demostrar que cuentan con políticas, procedimientos, controles y evidencias que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones.
Este enfoque, conocido internacionalmente como accountability, impulsa una gestión activa y permanente del cumplimiento.
6. Seguridad
Toda organización que trate datos personales debe implementar medidas técnicas y organizativas destinadas a proteger esa información frente a accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones o filtraciones.
La seguridad deja de entenderse únicamente como una responsabilidad tecnológica y pasa a formar parte de la gestión integral del riesgo.
7. Transparencia e información
Las personas tienen derecho a conocer qué datos se recopilan, por qué motivo serán utilizados, quién los tratará y cuáles son sus derechos.
La transparencia fortalece la confianza entre las organizaciones y los titulares de los datos, además de facilitar el ejercicio de los derechos que reconoce la normativa.
8. Confidencialidad
Quienes acceden a datos personales tienen el deber de resguardar su confidencialidad.
Esta obligación se mantiene incluso después de finalizar una relación laboral o contractual.
La confidencialidad constituye uno de los pilares esenciales para proteger la privacidad y la confianza de las personas.
Más que una obligación legal: una oportunidad para fortalecer la organización
La entrada en vigencia de la Ley 21.719 representa un cambio importante en la forma en que las organizaciones deberán gestionar los datos personales.
Sin embargo, más allá del cumplimiento normativo, estos principios ofrecen una oportunidad para fortalecer procesos internos, mejorar la gestión de riesgos y consolidar una cultura organizacional basada en la responsabilidad y la confianza.
Implementarlos de manera efectiva implica revisar procedimientos, identificar los datos que administra la organización, definir responsabilidades y generar una gobernanza adecuada de la información.
En definitiva, la protección de datos personales ya no es solo un requisito legal: es un componente estratégico del compliance y de la sostenibilidad de las organizaciones.
